Con un volumen de facturación cercano a los mil millones de euros, el sector parece avanzar hacia un escenario con más contratos y más garantías para todos. El principal factor que puede ayudar a eliminar barreras para su desarrollo es el aumento de contrataciones por parte de la Administración Pública. Su importancia radica en el volumen de negocio que representa (en torno a un 18% del consumo total), y también en el papel ejemplarizante y de arrastre que pueden desempeñar ante otros consumidores energéticos.
En España, según el reciente estudio del proyecto QualitEE, estos contratos representan actualmente un 25% menos que en las carteras de clientes de otras ESEs europeas. Sin embargo, esta tendencia puede estar a punto de cambiar. El nuevo criterio de Eurostat por el que las inversiones en proyectos EPC (en los que el riesgo es asumido por la ESE) pueden no contabilizar como déficit de las entidades públicas, es un excelente acicate para que muchos gestores de escuelas, hospitales, ministerios y otros edificios públicos puedan promover inversiones en las que la financiación no pese en los balances contables.
De igual manera la ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, también puede suponer un buen impulso a los contratos de servicios energéticos, pues simplifica los mecanismos de contratación pública y ofrece más garantías y transparencia para contratantes y contratados, en un tipo de cliente, en el que el proceso de compra suele ser largo y complejo. Además, establece por primera vez la eficiencia energética como uno de los criterios cualitativos a valorar en el proceso de adjudicación de contratos.
Para saber mas:
https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/223171-Vientos-de-popa-para-las-Empresas-de-Eficiencia-Energetica.html
