Ya son muchos los países latinoamericanos que han introducido la responsabilidad penal para la persona jurídica en sus respectivas normativas.
Esta regulación es producto de los distintos casos de corrupción que han salido a la luz en estos países, estableciendo como obligatoria esta normativa para las empresas tanto privadas como públicas.
Ley FCPA
Lo anterior se refleja en la cantidad de infracciones a la ley FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) que siguen en aumento en Latinoamérica.
La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y ha ido ganando importancia debido a la lucha contra la corrupción que vienen implementando muchos países del mundo, sirviendo de inspiración a las regulaciones europeas e iberoamericanas.
A continuación, señalamos algunas de las principales normativas en relación al cumplimiento normativo en algunos países latinoamericanos:
Chile
Nos encontramos la Ley Nº 20.393 de 2009 de responsabilidad penal de la persona jurídica por la comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos de cohecho a funcionario público nacional o extranjero.
Se trata de una legislación pionera en América Latina, incluso anterior a la reforma del Código penal español.
Perú
El marco normativo a destacar es la Ley 30.424, de 21 de abril de 2016 donde se establecen las bases de su modelo de compliance.
Entre los acuerdos bilaterales firmados con otros países, encontramos el Pacto por la Integridad y Lucha contra la Corrupción firmado con Suecia el 8 de junio de 2017.
Colombia
Destaca el Estatuto Anticorrupción colombiano de 2011. Se trata de una norma administrativa dirigida hacia la prevención del riesgo de corrupción en entidades o personas jurídicas de derecho público, para el cual se diseña la figura del “responsable del control interno”.
Además, se establece un régimen de inhabilidades no solo como medida sancionatoria para aquellos que atenten contra la administración pública, sino también para garantizar transparencia dentro de los gobiernos.
Brasil
La ley 12.846/2013 (Ley de anticorrupción corporativa), tiene como objetivo estimular la práctica de la conducta empresarial ética, de lucha contra la corrupción, así como el crecimiento y desarrollo de los programas de Compliance.
La ley contra la corrupción se aplica a las compañías, independientemente de su forma legal, ya sean extranjeras o domiciliadas en Brasil.
Es evidente la preocupación de las autoridades de América Latina hacia la lucha contra la corrupción y en la que se pueden diferenciar dos corrientes respecto a la prevención de delitos, por un lado, la intervención penal de la persona jurídica (Perú) y, por otro, la que se decanta por una intervención de tipo administrativa (Brasil y Colombia).
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