Proceder con una denuncia
Como sabemos, la Directiva “Whistleblowing” entró en vigor el año pasado (diciembre 2021). Estando a punto de cumplirse un año desde que tuviese efecto en nuestro ordenamiento jurídico, dicha directiva no ha sido transpuesta aún por el Gobierno español, aunque nos encontramos a las puertas de ello tras el proyecto de ley recientemente publicado en el Boletín Oficial de las Cortes (Congreso de los Diputados). Por lo que todo ello hace pensar que contaremos con una ley propia, posiblemente, en el primer semestre del próximo año.
Son muchas las cuestiones que se plantean con la puesta en marcha de esta novedosa ley, no tanto por ley como por lo que “legisla”; implantar una herramienta tecnológica en todas las Organizaciones, designar responsables de dicha herramienta en la que se “embarca” el Canal de Denuncias o Canal Ético, dar accesibilidad al mismo no solo a las personas trabajadoras de la Organización, instruir o investigar los hechos “informados” o revelados, resolver tales hechos a través de un Comité Ético que ha de ser constituido en la mayoría de las empresas salvo aquellas que por su tamaño o condición ya contaban con dicho órgano, y otros muchos más. Pero en este breve artículo, me detendré a reflexionar sobre las formas de informar: confidencial o anónimamente.
Whistleblowing
Tanto la directiva como el proyecto de ley, ambos textos, contemplan estas posibilidades de trasladar un hecho contrario a la ley, ya sea interna (autorregulación) o externa. El fin último del Proyecto de Ley, en sintonía con la directiva, es proteger totalmente a los informantes contra todo tipo de represalia o medida tomada contra ellos como consecuencia de haber procedido a informar sobre un ilícito.
Y las represalias no solo pueden circunscribirse al ámbito laboral, sino también al personal, incluso a terceras personas vinculadas a los propios informantes, como es el caso de familiares. Aunque en el texto de dicho Proyecto de Ley, en concreto en su artículo 36, “se exceptúa el supuesto en que dicha acción u omisión pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”, lo que choca directamente con el espíritu del texto en cuestión, y al mismo tiempo de la directiva objeto de transposición (protección del denunciante o informante). Si es una represalia, no procede en ningún caso su justificación.
Sin duda alguna, este aspecto sobre evitar represalias está muy presente cuando una persona se plantea la posibilidad de informar, confidencial o anónimamente. Lo más probable, y lo digo sin la menor experiencia de haber realizado jamás una denuncia, es que cuando alguien tome la decisión de informar considere si hacerlo de forma anónima o confidencial, sopesando las posibles consecuencias que su acción podría acarrearle. Y con total seguridad, la sombra de una represalia asoma, cuando menos, por la imaginación de cada cual.
Me inclino a pensar que, en la mayoría de los casos, se optará por el anonimato, lo que vendría a demostrar que el legislador ha tenido en cuenta la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, quien ya admitió en sentencia del año 2013, siendo ponente el Magistrado Marchena Gómez, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al artículo 308 de la LECr, hace posible el inicio de la fase de investigación”.
A mi modo de entender, los Tribunales son conscientes del miedo que denunciar produce a las personas, y también que la denuncia anónima es una vía “no muy valiente”, pero han considerado que es preferible acabar conociendo irregularidades en el entorno de las Organizaciones que, de no haberse comunicado, incluso por esta vía del anonimato, pudieran haber acabado con quiebras, cierres de empresas, despidos, etc. que hubieran afectado incluso a quien no denunció.
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